Consideran que desde el Ayuntamiento se están dictando resoluciones «injustas»
También plantean un recurso en el Contencioso por haber rechazado las transmisiones de las concesiones. Los empresarios de los chiringuitos de la playa van a presentar una denuncia por la vía penal por un presunto delito de prevaricación contra el delegado de Urbanismo, Martín Vila, al entender que desde la citada concejalía «se están dictando resoluciones injustas, entre otras, la incoación de expedientes sancionadores a algunos establecimientos en la arena y de restablecimiento de la legalidad urbanística».Los empresarios consideran como «sobradamente justificada» la presentación de esta denuncia «por las actitudes arbitrarias de la Delegación de Urbanismo en los últimos meses». Este colectivo ha consultado este hecho con los servicios jurídicos de la federación nacional y también con la andaluza de empresarios de playas.
La Asociación de Empresarios Costa de Cádiz incide en que el propio Ayuntamiento ha autorizado ocupaciones en las playas «muy superiores a los 150 metros cuadrados y, por tanto, contraviniendo el PGOU, con instalaciones de altura y ocupaciones superiores a las permitidas en el documento, e incluso equipamientos expendedores de bebidas prohibidas en instalaciones deportivas», en clara referencia al Cádiz Arena.
Otro de los argumentos que ponen para llevar adelante la denuncia es que «se ha constatado» a través de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta «que el Ayuntamiento había infringido el PGOU en multitud de ocasiones solicitando modificaciones sustanciales y autorizaciones para ocupaciones superiores, con informes técnicos esgrimiendo criterios distintos a los utilizados para los chiringuitos, permitiéndolas y justificándolas o buscando posibles subterfugios para eximir al Consistorio de cumplir sus propias obligaciones con respecto a la legislación urbanística de la ciudad».
Por ello, anuncian que junto a la demanda, se presentará toda la documentación que la fundamenta y se pedirán las prácticas de pruebas, declaraciones, así como el aporte de los expedientes correspondientes al juzgado, por parte del ayuntamiento.
En cuanto al acuerdo de desistimiento por parte del Ayuntamiento de los procedimientos de transmisión de los títulos concesionales, se plantea interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo, «entendiendo que podría haber una vulneración de los principios de buena fe, confianza legítima, de seguridad jurídica, entre otras restricciones de los derechos» de los empresarios. A ello le añade «la prohibición de la Administración de actuar contra sus propios actos y con manifiesta desviación de poder». Los empresarios, además, van a estudiar la interposición de otras medidas judiciales.
Este colectivo recuerda que el Ayuntamiento asumió, en su día, la transmisión ante la resolución de la administración competente: «De hecho, no presentó alegaciones ni recursos a la citada resolución remitida por la Junta, existiendo comunicaciones y numerosas declaraciones públicas del alcalde, así como otros delegados municipales, sobre la confirmación por parte del equipo de gobierno de aceptación y apropiación del logro, sobre la gestión del proceso de transmisión de las concesiones».
Esto, a juicio de los empresarios, «garantizaba la permanencia, margen de maniobra a los titulares para la mejora de las instalaciones, la consolidación de las plantillas y, por ende, un mejor servicio a los usuarios de las playas».
Por último, desde el colectivo se lamenta «la situación insostenible para los casi 200 trabajadores empleados en la playa que, junto con los empresarios, preparan una concentración de repulsa por la actitud incoherente e irresponsable del Ayuntamiento de Cádiz».