Chiclana acoge unas jornadas en la que los dueños de chiringuitos exponen sus dudas. El Hotel Meliá Sancti Petri albergó ayer una jornada técnica sobre el nuevo Reglamento de la Ley de Costas a la que acudieron más de un centenar de empresarios de negocios de playa, quienes expusieron cuestiones variadas y sus dudas sobre esta normativa. Este encuentro fue organizado por la Asociación de Empresarios Costa de Cádiz, que integra en una misma entidad a los propietarios de negocios hosteleros de las playas gaditanas. Por el volumen de asociados se trata de la entidad más importante dentro del sector.

Tras toda una mañana de debates e intervenciones, el delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández, fue el encargado de cerrar la jornada, redundando en que antes de que la Junta de Andalucía asumiera las competencias en materia de Costas (algo que se hizo en 2011) «sólo un 1,4% de los 140 chiringuitos que existían en la provincia tenía regularizada su situación. Cuatro años después, el trabajo de la Junta ha conseguido que el 70% de estos establecimientos estén regularizados y que se aumente el número de chiringuitos a 153». De ellos 40 están en la Bahía de Cádiz; 15 en Chiclana, 11 en Cádiz, 9 en Puerto de Santa María y 4 en San Fernando.
Según Fernández, «el trabajo de la Junta de Andalucía ha permitido que todos los chiringuitos de Chiclana (un total de 15), instalaciones clave en el turismo del litoral de este municipio, estén regularizados. Se trata por tanto de un paso fundamental para un municipio que (junto a Tarifa) lidera el número de establecimientos de este tipo en la provincia».
Además, añadió que en estos tres años «hemos dado un giro absoluto a la gestión del litoral. No sólo hemos logrado regularizar el 70% de los establecimientos si no que además trabajamos para posibilitar la permanencia fuera de la temporada alta».
Por su lado, El delegado de Medio Ambiente y Playas de Chiclana, Nicolás Aragón, recalcó la importancia que supone para municipios costeros como Chiclana el contar con una normativa «adaptada a los nuevos tiempos, donde se consiga aunar los intereses medioambientales con los económicos». Incidió en que poner en marcha una nueva ley de costas, con su reglamento, «es algo complejo», motivo por el cual reclamó «lealtad institucional por el bien de nuestros administrados».