Cádiz, 14 de septiembre de 2018.- Los empresarios de la playa quieren hacer constar su indignación por los términos recogidos en las respuestas tanto del equipo de Gobierno, de Ganar Cádiz, como del propio delegado de Urbanismo a la intención demanda por presunto delito de prevaricación. En los próximo días, los empresarios tienen intención de formalizar esta demanda a instancia de su propia asesoría jurídica, así como de las federaciones a nivel nacional y andaluza por considerar que hay pruebas suficientes de la arbitrariedad que utiliza la Delegación. Además, las declaraciones en redes sociales y en medios de comunicación realizadas por el equipo de Gobierno y el propio edil hacen que estudiemos otra posible demanda, en este caso por calumnias e injurias hacia los empresarios.

En ellas se hace uso de un lenguaje absolutamente demagógico con términos como “presión y chantaje” o que los empresarios queremos “mejores condiciones para sus negocios sin concurrencia pública y saltándose las normas urbanísticas”. Asimismo, el propio delegado en redes se refiere a este tema con “amenaza” o “cortijo privado”, cuando la ocupación de los chiringuitos en Cádiz supone menos del 0,02 por ciento del litoral. Estos establecimientos, además, son de los pocos capaces de ofrecer actividades, servicios y generar empleo en la playa. Analizando las declaraciones, desde los empresarios se entiende que lo que existe es una falta de argumentos con respecto al fondo de las cuestiones anunciadas en anteriores comunicados. Si realmente tuviesen argumentos, era relativamente fácil ponerlos sobre la mesa y contestar a las demandas, cosa que volvemos a instar al delegado. Por ello, desde la entidad se preguntan si son capaces de constatar que no se han producido autorizaciones contraviniendo al Plan General del propio Consistorio y que no se ha empleado una distinta vara de medir con los empresarios. Cabe destacar que esta entidad puso a disposición de los medios no solo varios expedientes sancionadores, por ocupación de terrazas con una superficie superior a 150 metros cuadrados, sino que una acta notarial donde se certifica que las instalaciones del Cádiz Arena, entre otras, superaban dicha cifra.

Por otro lado, preguntamos al delegado de Urbanismo si es cierto que el Ayuntamiento se salta la ley cuando, sin autorización previa preceptiva, da luz verde a infraestructuras como Cádiz Arena, conteniendo en su recinto un establecimiento de bebidas alcohólicas –algo prohibido por ley en cualquier instalación deportiva-, con fiestas fuera del horario establecido, estando en contra del propio proyecto aprobado por el Instituto Municipal de Deportes. AECCA lamenta la falta de argumentos del equipo de Gobierno, utilizando términos que pudieran ser constitutivos de delito La demanda contra Martín Vila por presunta prevaricación no solo seguirá adelante, sino que desde el colectivo estudian presentar otra por posible delito de injurias y calumnias Padre Caro, 5 2º A 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) info@aeccaplayas.com www.aeccaplayas.es También queremos saber si es cierto que esta instalación no contaba con los informes favorables de los técnicos de Urbanismo, incluso de la administración competente en el Dominio Público Terrestre.

Ya en su día AECCA y otras organizaciones de hosteleros llamaron la atención sobre el tema, preguntando cómo autorizó Urbanismo sin todos los preceptos legales la instalación del Cádiz Arena, criticada por la competencia desleal que generaba. Por ello, instamos al delegado de Urbanismo a mostrar toda la documentación relativa a las autorizaciones del Cádiz Arena, para que demuestre que efectivamente no hay dos formas de interpretar el Plan General en esta materia, una para los empresarios y otro para el Ayuntamiento. Entendemos que el delegado se ampare en el cumplimiento de la ley, pero no compartimos que desde su Delegación no se cumpla, precisamente, con el ejemplo sobre la misma cuestión.

La criminalización de los empresarios es algo que no vamos a consentir y queremos dejar claro que seguiremos demostrando nuestra capacidad para promover el empleo, buscando un modelo de negocio que aporte una estabilidad par a las plantillas, así como una seguridad jurídica para los concesionarios de los chiringuitos.