Las últimas declaraciones del delegado de Urbanismo han colmado la paciencia de los empresarios: “No se puede difamar a todo un colectivo por haber denunciado la inseguridad jurídica y la arbitrariedad con la queson tratados por parte del Ayuntamiento de Cádiz”.

El frente abierto entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz y los empresarios de los chiringuitos continúa activo y no parece probable que las aguas se calmen, es más, cada declaración de una u otra parte no hace sino avivar un fuego que lleva activo durante meses. En las últimas horas los empresarios hosteleros han remitido un comunicado muy duro a los medios. “Son patéticas, injuriosas e injustas las declaraciones efectuadas por el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz y reproducidas, nuevamente, en el día de hoy”.

Tildan de “calumnias y difamaciones” de Martín Vila sus insinuaciones de que el problema es de tres o cuatro chiringuitos con el Ayuntamiento. “Muy al contrario, este colectivo representa directamente a ocho de las diez instalaciones de Cádiz y todas tienen el mismo problema de la ocupación de las terrazas”.

“Cómo se atreve el delegado a insinuar que no trabajamos, no pagamos los impuestos o no damos de alta a los trabajadores, consideramos que es una auténtica vergüenza que un representante público haga tales declaraciones”, afirman.

Desde AECCA (Asociación de Empresarios Costa de Cádiz) animan a Vila “a que diga nombres y que denuncie ante la administración competente cualquier irregularidad que conozca. Eso, precisamente, es lo que debe hacer un político responsable, no difamar a un sector que se ha convertido en una industria en la provincia de Cádiz.

Unos empresarios que lo que quieren es tener actividad y dar trabajo todo el año, como ellos mismo se comprometieron. Algo de razón tendremos cuando otras organizaciones empresariales, colectivos sociales y partidos políticos nos han mostrado públicamente su apoyo”.

Lo que AECCA denuncia “es la inseguridad jurídica a la que nos quieren someter, la arbitrariedad de sus resoluciones, las mentiras constantes y sus contrastados incumplimientos. Al equipo de gobierno le trasladamos que no sean demagogos y lo peor que puede ser un político: no sean mentirosos. No nos quieran acusar de privatizar la playa. Es una falacia que intenta desprestigiarnos ante la opinión pública”, continúa el comunicado.

Los chiringuitos aseguran que demandan lo que los usuarios piden. “¿Creen que invertimos en mejorar nuestras instalaciones, en ampliar nuestras cartas por gusto? ¿Sería admisible para los usuarios de las playas unas instalaciones como las de antes, antiestéticas, incómodas y con una carta basada en el 90% en cartuchos de fritura de pescado?”.

Afirman que han evolucionado como requiere la mayoría de la clientela en la actualidad, siendo un atractivo y una referencia en la costa gaditana. Los chiringuitos como titulares directos, o a través del Ayuntamiento, “explotamos por adjudicación de la administración competente unas concesiones administrativas, con fecha final de contrato. Estamos en el dominio público marítimo terrestre, donde nada se puede privatizar. Suponemos el 0,02% de la ocupación de la playa en marea alta. En nosotros y nuestros servicios se apoyan para la consecución de todas las certificaciones de calidad que tienen las playas de Cádiz”. “El Ayuntamiento (aun siendo nosotros titulares de la concesión) tiene competencias y control sobre nuestras instalaciones en materias como aforo, ruidos, horarios, licencia de actividad, consumo, sanidad…etc. Ni hacemos ni podemos hacer lo que nos da la gana. Estamos y seguiremos estando siempre en un espacio público.

Somos los primeros interesados en tener una playa en las mejores condiciones medioambientales y de servicio. Incluso hemos recibido en estos años reconocimientos nacionales por iniciativas en beneficio de la conservación de las playas”, dicen los representantes de los empresarios.

Afirman igualmente que en la mayor parte del año, y después de las reducciones en septiembre de los servicios municipales (cierre de módulos, botiquines, etc…) son los servicios más próximos, incluso en algunas zonas, los únicos servicios al ciudadano. Aseguran haber tenido que soportar (en algunos casos, reponer) material de acceso a la playa en pésimas condiciones.

“Hemos tenido que retirar piedras junto a las instalaciones, suciedad acumulada en la playa por una gestión de residuos corta de personal… Tenemos numeroso material gráfico sobre cómo se encontraban pasarelas con maderas podridas o rotas, clavos oxidados con puntas oxidadas, basuras sin recoger, equipamientos que eran un auténtico peligro para los ciudadano; todo por la falta de mantenimiento y dejadez del Ayuntamiento”.

Por última, desde AECCA lamentan “profundamente que el concejal siempre nos falte al respeto, mienta y nunca le interese entrar en el fondo de nuestra denuncia por presunto delito de prevaricación”. “Volvemos a interpelar que explique si a los chiringuitos se nos exige el cumplimiento de su interpretación del PGOU y sin embargo (como tenemos constatado documentalmente) sabemos y denunciamos que el Ayuntamiento ha infringido el PGOU en multitud de ocasiones solicitando modificaciones sustanciales y autorizaciones para ocupaciones superiores a las permitidas. Todo ello con informes técnicos esgrimiendo criterios distintos a los utilizados para los chiringuitos, permitiéndolas y justificándolas de forma contraria a ley o buscando subterfugios para eximir al Consistorio de cumplir sus propias obligaciones con respecto a la legislación urbanística de la ciudad”.

“Que diga públicamente si con el Cádiz Arena cumplió rigurosamente con la ley, si tenía la autorización previa preceptiva de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, que muestre el informe técnico favorable de su propia delegación para esta instalación. Lamentamos esta situación, pero tendremos que defendernos con todos los recursos a nuestro alcance para poder garantizar el futuro de nuestros proyectos empresariales, de nuestras familias y el de nuestros equipos de profesionales sin los que sería imposible seguir en esta lucha. Queremos que se cumpla la ley, pero que la ley, las obligaciones, sean iguales para todos y todas”, concluyen.